Publicación: El Mercurio
Los cercanos a las víctimas no suelen hacerse parte de las investigaciones y la mayoría de las acciones penales las presenta el Ejecutivo, mediante las delegaciones presidenciales. Esto se explicaría por una alta percepción de impunidad, así como por miedo a posibles represalias, dicen desde el centro de estudios.
Una baja tasa de condena, que se traduce en una alta percepción de impunidad, y el miedo a posibles represalias son parte de las razones que explicarían las escasas querellas presentadas por familiares o cercanos a víctimas de homicidio en la macrozona sur. Y algo similar ocurre en el caso de lesiones.
Así lo plantea Andrea Martínez, directora del Observatorio Judicial, quien analizó las cifras de las acciones penales por estos ilícitos en la macrozona sur, según información del periodo 2018-2022, que el Ministerio Público le entregó a la Multigremial de La Araucanía.
El informe se conoce a pocos días de haberse cumplido 500 días de vigencia del estado de excepción en la macrozona y, de acuerdo a las estadísticas de Carabineros, revisadas por el excoordinador de seguridad Pablo Urquízar, los hechos de violencia han disminuido, pero hay más grupos radicalizados.
«Se cuestionan entrar al sistema judicial»
Según el centro de estudios, en los casos de homicidios (187), la mayoría de los ingresos al sistema judicial (64%) se realiza mediante querellas de la intendencia o del delegado presidencial. Le siguen la «querella particular» o del entorno del fallecido (15%) y la categoría «otros» (14%), que incluye a las municipalidades y la Defensoría de la Niñez. Finalmente, como una forma menos habitual de ingreso, están las denuncias (7%).
Martínez afirma que la baja cantidad de denuncias y querellas en este delito «tendría que ver con la impunidad que hay en esta materia. Hay un muy bajo porcentaje de éxito, que se refleja en solo un 5% de causas que terminan en sentencias (condenatorias)».