La reforma a la regulación que rige a los notarios y conservadores es una necesidad imperiosa desde hace años. El sistema que rige a estos auxiliares de la administración de justicia es opaco y tiene poca competencia, generando altos costos para los usuarios, lentitud y falta de oferta en el servicio y, lo que es más grave, dudas sobre la probidad en los nombramientos.
Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido tras el nombramiento de María Elena Leiva Carvajal como titular de la Primera Notaría de San Miguel. La beneficiaria del nombramiento se licenció recientemente como abogada y está emparentada con un parlamentario, además de múltiples notarios.
Esta situación se podría haber previsto si hubiera estado vigente la propuesta aprobada por el Consejo Constitucional, que contempla inhabilidades para que determinados parientes sean nombrados como auxiliares de la administración de justicia.
Pero, especialmente, el caso pone presión sobre la tramitación del proyecto de ley que reforma el sistema de notarios y conservadores, que viene tramitándose en el Congreso desde la primera administración del presidente Sebastián Piñera. En este sentido, es positivo que el Ministerio de Justicia haya decidido presentar indicaciones eliminando la participación del Poder Judicial en el nombramiento de notarios y conservadores, y reemplazándola por el consejo de Alta Dirección Pública.
Es indispensable que el proyecto de ley sea aprobado prontamente, para modernizar el sistema de notarios y conservadores y, especialmente, alejar toda duda de corrupción de parte del Poder Judicial.
