Publicación: Diario El Mercurio
En medio de semanas marcadas por el caso Hermosilla —con supuestas coimas a trabajadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)— y en un año donde los líos de platas políticas por el caso Convenios han causado gran revuelo, el centro de estudios Observatorio Judicial publicó un informe sobre la evolución de la persecución penal de los delitos funcionarios.
Este concepto incluye aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores o que afectan el patrimonio del fisco. También abarca los casos en que privados, por ejemplo, intentan sobornar a un funcionario público.
El informe ‘Persecución de la Corrupción’ analiza datos entre los años 2004 y 2022 publicados por el Ministerio Público. Un trabajo tras el cual concluye que existiría baja eficacia para investigar y sancionar delitos de corrupción, como cohecho, soborno, fraude al fisco, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias, entre otros.
Juan Francisco Cruz, investigador del Observatorio Judicial y redactor del informe, señala que uno de los grandes riesgos que se observan en los resultados obtenidos es que, a pesar de que el sistema penal debería disuadir a las personas de cometer delitos, ‘si las penas son bajas y la persecución es baja, este pierde eficacia en su función preventiva’. Según el informe, el 80% de las causas terminan en cumplimiento alternativo, es decir, sin pena de cárcel.
Cambios en el tiempo
El estudio revela que entre el 2004 y el 2013, la cantidad de ingresos por delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración del Estado se mantuvo estable, cerca del 0,10%. Sin embargo, el 2014 se vio un incremento del 78%, manteniéndose el alza constante hasta el 2019, donde se observa el punto más alto (ver gráfica).
El 2014 fue un año que estuvo marcado por varios escándalos mediáticos que se tomaron la agenda —aunque algunos comenzaron un poco antes—, como financiamientos irregulares en la política, el caso Corpesca, SQM, Penta, hasta el caso Caval al año siguiente, por mencionar algunos.
‘Ese fenómeno probablemente alimentó una sensación de mayor sensibilización de la opinión pública y de la ciudadanía hacia el fenómeno de la corrupción. Y eso, obviamente, llevó a denunciar más’, opina Cruz.
Esto también impulsó reformas de instituciones, con las que se fortalecieron mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción, lo que también podría explicar el aumento de ingresos de delitos.
Sin embargo, una de los grandes alertas que enciende el estudio, es que el aumento de ingresos de estos delitos se contrasta con una caída de casos cerrados con sentencia condenatoria: solo un 11% de las causas terminó así en el período analizado. Una cifra que se aleja de los resultados de otros ilícitos importantes, como los homicidios, en los que ronda el 56% de los casos, o el narcotráfico, que alcanza un 48%.
Por el contrario, las causas con términos no judiciales, es decir, aquellas que los fiscales cierran porque no hay suficientes pruebas para fundar una acusación, representan el 66% de los casos. Y el 44% de los ingresos se cierra con archivo provisional, es decir, sin investigación. Esto quiere decir que dos de cada tres causas por delitos funcionarios que ingresaron al Ministerio Público terminaron sin investigación o bien, sin conseguir los antecedentes suficientes para continuar con esta.
La diferencia es clara entre el período 2004-2013 y el 2014-2022. En el primero se observa un aumento progresivo de los términos judiciales, de un 38% a un 55%. En cambio, en la segunda etapa se produce un marcado cambio de tendencia: los términos judiciales cayeron a un 39% el 2014 y a un 27% el 2022. Al mismo tiempo, los no judiciales aumentaron del 61% al 73%.
‘¿Puede ocurrir que los escándalos mediáticos de corrupción alimentaron a los denunciantes a percibir delitos de corrupción donde realmente no los hay? ¿Llegado a cierto número de causas el Ministerio Público simplemente no puede procesar más investigaciones y se centra solo en aquellas donde hay perspectivas de éxito? ¿Ha sufrido el Ministerio Público un desborde de sus capacidades de persecución?’, son algunas de las dudas que plantea el informe.
‘Sería importante que la Fiscalía pudiera mejorar los datos que publica respecto a delitos funcionarios para ir a las causas particulares y ver los detalles, porque ahí uno, viendo lo que ocurre en los expedientes, puede tener una mucho mejor idea sobre si realmente las denuncias que llegan, por ejemplo, al Ministerio Público, en verdad no tienen ningún asidero’, agrega Cruz.
El 2014 hay un cambio de tendencia: aumentan los casos que ingresan, pero disminuye la eficacia punitiva.
El 2014 hay un cambio de tendencia: aumentan los casos que ingresan, pero disminuye la eficacia punitiva.