Publicación: The Clinic
Gane la propuesta del Consejo Constitucional o se mantenga la Carta Magna vigente, ambos textos disponen el voto obligatorio en sus articulados. Lo que había sido una excepcionalidad establecida para el plebiscito de salida en 2022, terminó asentándose como la norma a inicios de este año.
Luego de once años de la reforma tramitada durante la primera administración Bachelet -promulgada con Piñera- que estableció el voto voluntario y la inscripción automática en los registros electorales, a inicios de este año se aprobó la reforma de sufragio obligatorio, manteniendo el enrolamiento a los 18 años y con sanciones por no acudir a las urnas.
Aunque se habla de la “reposición” del voto obligatorio, uno de los mocionantes de dicha reforma constitucional, el exdiputado Pepe Auth, hace una acotación histórica.
“Es por primera vez obligatorio. No es que se haya ‘restaurado’ o ‘reestablecido’ la obligatoriedad. Antes era una obligatoriedad parcial, porque era sólo para los que se habían inscrito voluntariamente. No era obligatorio para la población entera”, precisa Auth.
Si bien parlamentarios actuales y anteriores respaldan esta medida, no descartan que se puedan generar complicaciones del punto de vista técnico.
La diputada Joanna Pérez (Demócratas), autora de uno de los proyectos que permitió establecer este mecanismo, afirma que “presentamos esto para fortalecer la democracia. Hay que tener más participación y es por eso que este proyecto también era bien considerado por la ciudadanía”.
La legisladora también destaca que podría volver el voto voluntario, en la medida que la ciudadanía se eduque sobre los procesos electorales. “Vale la pena cuando tengamos participación ciudadana, decisiones donde hayan etapas previas para fortalecer esa ciudadanía. Lamentablemente, en nuestro país desde 2012 que se cambió el voto a voluntario, se dejó de hacer todo lo que se había avanzado en materia de educación cívica”, afirma.
Pepe Auth coincide que esto refuerza la democracia. A su juicio, “hace que la política represente mejor a la ciudadanía entera y no sólo a los interesados en la política”.
El exdiputado asegura que es irreversible esta medida, que llegó para quedarse. “Nuestro propósito era incluirlo, motivados básicamente porque había ido descendiendo de manera muy radical la participación de las nuevas generaciones. Porque los jóvenes no se inscribían sino muy parcialmente y muy cerrados socialmente. Se inscribían los jóvenes de las comunas más acomodadas y no los jóvenes de las comunas populares”, aclara Auth.
Tanto desde el punto de vista de Auth como desde diferentes encuestas, la ciudadanía exigía el voto obligatorio, algo que, según empresas, aún se mantiene.
Obligatoriedad “a medias”
Como sea, la imagen de electores haciendo largas filas en comisarías para dejar constancia de su ausencia en las urnas se ha vuelto una postal más en los últimos dos procesos bajo la obligatoriedad: 2,1 millones de votantes no acudieron en septiembre de 2022. Cifra que se empinó a 2,6 millones para el 7-M.
El Servicio Electoral (Servel) es quien reporta la nómina de electores ausentes a los Juzgados de Policía Local, quienes -a su vez- se encargan de recibir las apelaciones y de cursar las multas cuando no hay justificativo de la ausencia del votante.
Con recursos acotados dependiendo de la comuna, el Observatorio Judicial ha puesto en alerta que el mecanismo vigente “de control” del voto obligatorio no sería el más eficiente: en comunas con menos recursos -considerando que los Juzgados de Policía Local dependen de los municipios-, o donde la abstención es mayor, la persecución se vuelve compleja.
Así lo plasmaron en un análisis publicado a mediados de este año.
El abogado Juan Francisco Cruz, investigador del estudio, explica que “la institución encargada de procesar esas denuncias y aplicar las sanciones no tienen muchos recursos. Están supeditados a los presupuestos de las municipalidades (…). El punto es cómo estos Juzgados de Policía Local, que por lo general cuentan con pocos recursos, pueden hacer frente a esta nueva avalancha de causas”.
La metodología fue la siguiente. “Si tomamos como referencia el año 2021, en los JPL de la Región Metropolitana ingresaron un total de 6.390.438 causas. A su vez, en la RM, 1.012.720 electores no concurrieron a las urnas. Por tanto, de golpe, los JPL deberán asimilar un potencial sobrecargo del 16% en sus ingresos, es decir, un millón de causas nuevas”, señala el informe del Observatorio.
En cifras aproximadas, y teniendo como referencia -por ejemplo- los números de abstención de la comuna de San Ramón en los procesos electorales de 2021, sus juzgados “necesitarían crecer seis veces para tramitar con éxito las casi 12.000 denuncias por no sufragio”, proyecta el documento.
Ahora bien, Cruz plantea soluciones para agilizar esos procesos. “Poner la carga de cumplimiento de la sentencia no en el tribunal o en la municipalidad o en el Servel, sino en la persona misma, estableciéndole sanciones accesorias. Por ejemplo, mientras no paga la multa, se ve impedida de realizar ciertos trámites como la renovación de carnet”.