Publicado: Diario El Mercurio
Algunos destacan, eso sí, los avances que ha significado el procedimiento que se creó en materia de arrendamiento.
Entre 2009 y 2022 ingresaron un total de 22,7 millones de causas a los tribunales civiles del país. De estas, no obstante, 13,3 millones corresponden a ‘causas chatarra’, como las define un informe realizado por el Observatorio Judicial, que analizó la actividad judicial civil de los últimos años.
Este tipo de causas, según señala el documento, son parte de los elementos centrales que explican los problemas que presenta el sistema, que por años ha sido considerado como uno de los más lentos en cuanto a tramitación.
Según el informe, estas causas son vacías jurisdiccionalmente, porque su ingreso no responde a obtener un pronunciamiento judicial y abultan un enorme espacio. En general, se trata de las que terminan por alguna de las siguientes razones: ‘retiro de demanda’, ‘demanda no presentada’ o ‘no da curso a la demanda’.
‘Si bien el Poder Judicial ha tomado medidas para gestionar de manera más eficiente estas causas masivas y sin destino jurisdiccional, es evidente que representan un problema de política pública, en cuanto a que no hay equilibrio entre el beneficio privado y el costo social, privando a los tribunales de tiempo y recursos para abocarse a materias jurisdiccionales que impactan en la vida de los ciudadanos, tales como arrendamientos, servidumbres, posesiones’, concluye el informe.
Coincide con lo anterior el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, quien apunta que ‘de esas causas llevamos hablando hace mucho tiempo (…). Se trata en general de causas de cobranzas que se ingresan a los tribunales por razones tributarias o exigencias de la ley de protección de los derechos del consumidor’.
Así, el dirigente gremial señala que no es más que ‘cumplir formalmente con demostrar que existe una cobranza judicial, pero nadie la va a tramitar’.
Desde 2017, cobro de pagarés fue el 65% de causas
Un segundo problema del sistema, compartido por especialistas y el Observatorio Judicial, es la concentración de ingresos, y en esta línea, por ejemplo, se destaca en el informe que, durante 2017 y 2022, el 65% de las causas ‘no chatarra’ fueron cobros de pagaré, lo que monopoliza la actividad.
En cuanto a los tiempos que toman los procesos civiles más importantes para las personas, Raúl Tavolari, abogado y especialista en esta materia, señala que no es fácil determinar la duración, pues dependerá de la carga de trabajo de cada tribunal: ‘En Santiago, un juicio ordinario civil de nulidad o resolución de un contrato, por ejemplo, puede tomar fácilmente de tres a cuatro años en la tramitación de primera y de segunda instancia. En la Corte de Coyhaique, en cambio, el fallo de una apelación en estas materias puede tomar 90 días’.
Sobre este punto, Vergara añade que el Colegio de Abogados recibe reclamos de asociados ‘precisamente por la disparidad de tiempo y atención’ que dan los tribunales.
Con todo, ambos profesionales destacan los avances que significó el establecimiento de un procedimiento monitorio en materia de arrendamiento.
‘Está reduciendo esos tiempos notablemente. Hay causas que se han concluido en no más de 60 días. Pero hubo un período, especialmente durante la pandemia, en que tomaban incluso dos años’, dice Vergara.
Al respecto, Juan Francisco Cruz, investigador del Observatorio Judicial que elaboró el informe, apunta a que es difícil saber cuánto se demoran los procesos, ‘porque uno quiere saber cuánto se demora el tribunal, pero en los procesos civiles, el impulso lo tiene la parte, y hay un montón de veces que las causas de estancan porque las partes no lo mueven, o el demandante no notifica, por ejemplo, cuando le corresponde’.
En este sentido, añade que hay que hacer un análisis muy detallado para poder ‘entender y distinguir lo que le corresponde a la parte o cuando un tribunal demoró en dictar la sentencia’.
En este escenario, cobra relevancia la reforma procesal civil que se encuentra en tramitación desde el año 2012. El proyecto, señalan los expertos, contiene varias soluciones a los problemas actuales del sistema, y podría contribuir a hacer más expedito el trámite de causas.
Por ejemplo, desde el Observatorio Judicial destacan la creación de un ‘oficial de ejecución’, es decir, una instancia de naturaleza administrativa encargada del cobro de créditos, la cual libera a los tribunales del monopolio de la cobranza; así como también un importante papel del juez en impulsar y cautelar el proceso para evitar la dilación, unido a procedimientos más sencillos.