El 13 de marzo de 2023, la Corte Suprema informó al Presidente de la República la conformación de una quina para llenar la vacante del ministro Guillermo Silva. Desde entonces, han transcurrido un año y dos meses. Se trata de la vacante a la Corte Suprema que más ha demorado en ser llenada en dos décadas, superando el récord de 263 días que tomó nombrar al ministro Arturo Prado en la vacante del ministro Pedro Pierry. Es cierto que, en el intertanto, el Ejecutivo propuso al Senado para su ratificación a la candidata Jessica González, pero tuvo que retirarla por falta de apoyos. En consecuencia, el cupo del ministro Silva sigue vacante.
El siguiente gráfico muestra la duración de todos los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema desde la entrada en vigencia de la reforma constitucional de 2005 hasta el presente. Para cada ministro se precisa el tiempo que media entre la conformación de la nómina de candidatos por la Corte Suprema y la elección del Presidente de la República y, luego, el tiempo entre dicha elección y la ratificación del Congreso (o bien su rechazo o la fecha del retiro de la candidatura).
Si observamos el gráfico, en los últimos años parecen aumentar los episodios de demora en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Este fenómeno no es exclusivo de los miembros de la Corte Suprema sino que se observa en todos los nombramientos que debe ratificar el Senado. En efecto, el nombramiento del Defensor de la Niñez, del Fiscal Nacional o de los ministros de los Tribunales Ambientales son casos recientes de demoras excesivas del sistema para llenar los cargos vacantes.
En todos los casos, el factor común es la dificultad creciente del Poder Ejecutivo para aunar voluntades en el Senado, probablemente, producto del fraccionamiento y la polarización política. Esto se manifiesta, contra lo que cabría pensar, principalmente en el período en que el Ejecutivo debe nombrar a un miembro de la nómina propuesto por la Corte Suprema, durante el transcurso del cual se sondean los apoyos de los distintos candidatos. Entonces, salvo excepciones, cuando el Presidente de la República propone un candidato para la ratificación del Senado, los apoyos suelen estar previamente asegurados.
En consecuencia, la solución al problema es más compleja que un mero cambio procedimental, porque depende de la cultura política del Senado y de la capacidad de generar consensos del Ejecutivo.
Por lo pronto, es importante que el Poder Ejecutivo ponga sus mejores esfuerzos en llenar el cargo vacante del ministro Silva en la Corte Suprema y no prorrogue más una situación que dificulta el buen funcionamiento de la cabeza de otro poder del Estado.