El jueves 4 de julio, el investigador de Observatorio Judicial, Juan Francisco Cruz, expuso en la comisión de hacienda del Senado sobre la reforma al secreto bancario a la luz de los datos judiciales.
En la instancia Cruz abordó la relación entre el secreto bancario y el derecho a la vida privada, «por eso, cuando se afecta al secreto bancario, de cierta forma también se podría afectar el derecho fundamental a la vida privada. Como es evidente, no son derechos absolutos y pueden —y son— limitados en razón de legítimos intereses sociales[1]. Ahora bien, como nos encontramos en la esfera de derechos fundamentales, las modificaciones que se realicen deben contar con buenas razones y evidencia que justifiquen leyes que debilitan el secreto bancario», aseguró.
Luego detalló los datos judiciales disponibles[1], indicando que en más de una década el SII ha solicitado el alzamiento del secreto bancario en sólo cuatro ocasiones, y en las cuatro ocasiones el tribunal acogió el requerimiento. «A la luz de este dato cabe pensar: que para el SII el alzamiento del secreto bancario no es una herramienta indispensable, o bien, por lo general los contribuyentes autorizan el alzamiento del secreto bancario cuando son requeridos por el SII».
Frente al escenario de que el SII declarara que el procedimiento es enrevesado y lento y que por eso no acude a los TTA en dicha materia, Juan Francisco Cruz detalló tres aspectos que permiten dar cuenta que sería todo lo contrario. (1) El procedimiento es bastante razonable y simplificado (2) la propia actividad judicial del SII muestra que ella recurre a los tribunales de justicia en procedimientos y casos muchos más complejos que el alza del secreto bancario (3) no hay suficiente evidencia y la poca que hay es muy disímil (…) pero vale la pena tener presente que el tiempo no borra la información, ya que los bancos tienen registro de las cuentas bancarias.
Ver video exposición (Desde 1.18.23)
[1] La información se obtuvo de las cuentas públicas que los TTA publican, y del repositorio de sentencias de los tribunales tributarios que está disponible en la web.
[1] Convención Europea de Derechos Humanos: “Artículo 8 – El derecho al respeto de la vida privada y familiar. 1. Todas las personas tienen derecho al respeto por su vida privada y familiar, su casa y su correspondencia 2. No deberá existir interferencia de una autoridad pública con el ejercicio de este derecho excepto aquella que sea de acorde con la ley y necesaria en una sociedad democrática interesada en la seguridad nacional, seguridad pública o el bienestar económico del país, la prevención del desorden o el crimen, la protección de la salud o la moral, o la protección de los derechos y libertades de otros”.