Publicación: El Líbero
“Aunque las causas ingresan al sistema judicial, la falta de un avance concreto en la identificación de responsables y en la formalización de los casos se traduce en la incapacidad de entregar justicia en la mayoría de los delitos de incendio denunciados” en la Macrozona Sur. La afirmación corresponde al informe Ataques incendiarios. Violencia en la Macrozona Sur 2018-2023 elaborado por el Observatorio Judicial.
La organización revisó 760 causas judiciales de delitos de incendio, de acuerdo con los artículos 475, 476 y 477 del Código Penal, así como los ataques incendiarios consagrados en la Ley Antiterrorista (Ley 18.314), ingresados entre 2018 y 2023.
En detalle pudieron mirar 673 causas que no están reservadas y hallaron, por ejemplo, que “apenas hay 40 causas en que se conoce la identidad del imputado, correspondientes a un 6% del total de 673 causas, mientras que, en 633 causas correspondientes al 94% del total, la acción penal se presentó contra quien resulte responsable”.
El informe advierte que la identidad de los responsables es un dato fundamental, “porque afecta radicalmente los resultados del proceso penal. En efecto, si el imputado es desconocido, inevitablemente una causa no puede acabar sino por decisión de no perseverar o archivo provisional”.
Al respecto, José Miguel Aldunate, director de Estudios del Observatorio Judicial y autor del informe, afirma que para lograr que haya imputados conocidos “es clave reforzar el trabajo de inteligencia policial y garantizar una mejor protección de las víctimas. Muchas veces, el proceso parte tarde o con información incompleta, y eso dificulta las detenciones. El Estado ha hecho esfuerzos importantes, tanto desde la Fiscalía como desde el Ejecutivo, pero es evidente que se debe profesionalizar aún más la persecución de este tipo de criminalidad, para el cual estas instituciones no fueron diseñadas”.
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