El proyecto minero Dominga ha estado en el centro de un debate extenso y controvertido en Chile, ilustrando las falencias y desafíos inherentes al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). El último episodio en esta historia fue la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de recurrir a la Corte Suprema en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental que, acogiendo la reclamación presentada por Andes Iron, revocó la decisión del Comité de Ministros, que en 2023 calificó el proyecto como ambientalmente desfavorable.
La sentencia del 9 de diciembre recién pasado representa un hito importante, ya que, por unanimidad, los jueces del Primer Tribunal Ambiental declararon nula la decisión del Comité de Ministros, fundándose en que éste último habría incurrido en las siguientes ilegalidades: (1) ignoró lo resuelto por una sentencia firme de 2021 del propio Tribunal, (2) permitió la participación de ministros con conflictos de interés sin que se inhabilitaran, y (3) superó los plazos legales para resolver los recursos administrativos. En lo resolutivo, el Tribunal, junto a la revocación, ordena al Comité de Ministros volver a votar el proyecto en un plazo de 15 días, para lo cual es explícito en señalar que el nuevo pronunciamiento se ajuste a los lineamientos de fallos previos y la normativa ambiental, con imparcialidad y fundamentos técnicos claros.
En ese sentido, la sentencia quedará como un registro de los problemas que afectan al SEIA: enrevesados procesos administrativos y judiciales, así como la politización de proyectos de inversión. Como ha mostrado Dominga, el uso de mecanismos judiciales para frenar proyectos tornan al sistema en un laberinto que prolonga los procesos, dañando la certeza jurídica. Para ilustrar lo anterior basta con recordar las palabras de Matías Asún, director de Greenpeace Chile, quien afirmó que la organización contaba con 56.000 socios donantes, lo que les permite financiar acciones legales para frenar proyectos ambientales, los cuales podrían enfrentar hasta 1.500 días adicionales de tramitación judicial. En el caso de Dominga los constantes recursos judiciales y administrativos han significado más de una década de tramitación.
Además, la sentencia constituye una crítica contundente a la politización en un sistema que debería ser principalmente técnico. La orden del Tribunal Ambiental, pese a ir dirigida a una instancia que en la práctica tiene un marcado componente político, enfatiza la necesidad de que dicho órgano ejerza su rol de manera esencialmente técnica y conforme a la normativa ambiental vigente. En términos legales, esto significa que la autoridad no puede fundamentar su pronunciamiento basándose únicamente en consideraciones políticas o discrecionales; antes bien, el Comité de Ministros está obligado a demostrar, mediante un análisis fundado y objetivo, que las medidas de mitigación, reparación o compensación evaluadas para el proyecto son suficientes e idóneas, y que se ajustan a los requisitos de la Ley N° 19.300.
Conectado con lo anterior, el caso Dominga expresa muy bien la tensión entre el crecimiento económico y la preservación ambiental. Representa una inversión de más de 2.500 millones de dólares, con la promesa de generar miles de empleos directos e indirectos en una de las regiones de mayor vulnerabilidad económica de Chile. Sin embargo, plantea desafíos ambientales en un ecosistema de alto valor, como el hábitat del pingüino de Humboldt. Ahora bien, para lograr un sano equilibrio es necesario una institucionalidad ambiental que garantice decisiones basadas en evidencia técnica y eficiencia, así como medidas disuasorias contra el uso indebido de recursos judiciales para obstruir proyectos.
En ese sentido la sentencia del Primer Tribunal Ambiental marca un precedente relevante al aclarar los límites de la discrecionalidad administrativa y reforzar la obligación de los órganos del Estado de actuar con imparcialidad y respeto a los fallos judiciales previos. Al final de cuentas la judicialización excesiva, los plazos prolongados y la politización de las decisiones son síntomas de un sistema que impiden un buen avance hacia un modelo de desarrollo sostenible que armonice el cuidado al medio ambiente y el crecimiento económico.