El caso de la exalcaldesa Cathy Barriga ha vuelto a poner en evidencia el uso cuestionable de la prisión preventiva y la falta de coherencia en las decisiones judiciales. Si bien los delitos por los que se le investiga son graves, ello no implica que se cumplan las hipótesis del Código Procesal Penal (CPP) para justificar su privación de libertad. Además, los tribunales han revocado en repetidas ocasiones las decisiones adoptadas en instancias anteriores, debilitando la confianza en la administración de justicia.
La regla general es que nadie puede ser privado de su libertad sin una sentencia condenatoria firme. Excepcionalmente, el CPP permite la prisión preventiva cuando existen antecedentes de peligro de fuga, riesgo de entorpecimiento de la investigación o una amenaza para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Sin embargo, cuando las resoluciones judiciales fluctúan sin que medien nuevos antecedentes, se erosiona la previsibilidad del sistema.
En la práctica, muchos fiscales solicitan esta medida en casos donde difícilmente se cumplen sus requisitos legales, cediendo a la presión mediática en lugar de atenerse a un análisis riguroso. Más grave aún es la falta de coherencia de los tribunales: primero conceden la prisión preventiva con fundamentos débiles y luego la revocan con argumentos igualmente endebles, sin un criterio claro.
Si bien la prisión preventiva es revisable y debe evaluarse cada seis meses, su aplicación no puede depender de un vaivén de interpretaciones. La falta de certeza mina la confianza en la justicia y debilita el Estado de Derecho.
Lo ocurrido con Barriga no es un caso aislado. En procesos de alta connotación pública, la prisión preventiva suele usarse como castigo anticipado o para satisfacer la demanda de justicia rápida, más que como un mecanismo de cautela procesal. Fiscales y jueces, presionados por la opinión pública, endurecen sus posturas para evitar críticas, generando incentivos perversos.
La aplicación de la prisión preventiva debe ceñirse estrictamente a la legalidad y a los principios del debido proceso. La justicia no puede operar según el termómetro social ni convertirse en un espectáculo.