La elección judicial celebrada recientemente en México —impulsada por el Ejecutivo como un cambio fundacional para el sistema de justicia— ha resultado ser todo lo contrario: una demostración tangible de las debilidades del modelo propuesto y de la falta de respaldo ciudadano. Lejos de fortalecer la legitimidad de los jueces, el proceso expuso una crisis de confianza y una fragilidad institucional que venía siendo advertida desde mucho antes.
Más allá de su diseño particular, someter a votación popular la integración del Poder Judicial constituye, en sí misma, una medida incompatible con los principios que deben sustentar la administración de justicia. El fundamento de la legitimidad judicial no radica en el respaldo electoral, sino en la imparcialidad en la aplicación de la ley. Y esa imparcialidad requiere jueces que no deban su cargo a dinámicas políticas ni estén condicionados por presiones electorales. La democracia no se reduce al simple ejercicio del sufragio: también exige instituciones capaces de aplicar con autonomía las decisiones adoptadas por las mayorías, dentro de marcos normativos estables y con garantías para todos. Por eso, la independencia judicial y la separación de poderes no son obstáculos a la voluntad popular, sino su resguardo. Elegir jueces como si fueran legisladores no amplía la democracia, sino que la debilita.
Este escenario ocurre en un contexto político complejo, donde el partido gobernante, Morena, ya controla con holgura ambas cámaras del Congreso. En ese marco, la reforma judicial aparece menos como una ampliación democrática y más como un paso hacia la consolidación del poder. Sustraer la independencia judicial y reemplazarla por una lógica electoral es, en los hechos, desdibujar el papel de los jueces como contrapeso institucional.
Sin embargo, en este caso, además de un diseño cuestionable, la ejecución fue deficiente en prácticamente todos los niveles. Más de 1.800 cargos judiciales —incluyendo ministros de la Corte Suprema, magistrados de apelación y jueces locales— fueron sometidos a elección directa sin mecanismos adecuados de filtro o evaluación técnica. Bastaba con presentar un título de abogado, antecedentes académicos generales, una carta de recomendación y un breve ensayo. No hubo exámenes de competencia ni análisis comparativo de méritos. Además, las reglas impedían campañas informativas sustantivas, lo que dejó a los votantes ante una lista de nombres desconocidos, sin criterios para discernir entre ellos.
A las falencias de fondo se sumaron problemas de procedimiento. El comité judicial, que contaba con estándares de evaluación más exigentes, se marginó del proceso por desacuerdos internos. En su ausencia, varios de los nombres finales fueron seleccionados mediante sorteo. En algunos casos, se presentó un solo candidato para un cargo, anulando cualquier posibilidad de competencia real. No faltaron postulantes sin trayectoria judicial o con vínculos cuestionables, incluyendo defensas de figuras ligadas al crimen organizado.
El resultado reflejó todas las falencias descritas: con una participación estimada de apenas un 13% del padrón, el desinterés ciudadano fue evidente. Pero lo más significativo fue el contenido del voto: se emitieron más de 10 millones de sufragios nulos y más de 11 millones de papeletas quedaron en blanco. Ambos registros superan con holgura los votos de los dos candidatos con mayor respaldo: Hugo Aguilar Ortiz, con 4,9 millones, y Lenia Batres Guadarrama, con 4,6 millones. La mayoría de quienes participaron optó por invalidar su voto o abstenerse de escoger un nombre. Se trata de un rechazo, no solo al sistema, sino al sentido mismo de la elección.
El riesgo más preocupante del experimento mexicano no es solo su impacto interno, sino su posible efecto de contagio regional. La elección popular de jueces, presentada como una forma de democratizar el Poder Judicial, ha sido celebrada por figuras como Cristina Fernández de Kirchner, quien la ha elogiado como una manera de acabar con el “carácter monárquico” de la justicia tradicional. Aunque otros líderes, como Gustavo Petro, han mostrado mayor cautela, incluso planteando dudas sobre su conveniencia en sus propios países, no deja por ello de valorar la idea. Esto revela el riesgo de que política profundamente equivocada, ya fracasada en su ejecución mexicana, se exporte a otras democracias latinoamericanas.
La tentación de someter el sistema judicial al voto popular puede parecer progresista, pero en realidad erosiona los principios de independencia e imparcialidad que resguardan a los ciudadanos frente al poder. Si este modelo se replica, lo que está en juego no es solo el equilibrio de los poderes del Estado, sino la estabilidad misma del orden constitucional y democrático en la región.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Revisa aquí la entrevista a Arturo Espinosa, Abogado y consultor | Director de Laboratorio Electoral en México, sobre la reciente elección popular de jueces en dicho país.