Publicación: Diario Financiero
En Chile pareciera ser cada vez más los trabajadores que se atreven a denunciar a sus empleadores ante la justicia por lo que consideran vulneración de sus derechos fundamentales, que incluyen aquellos que garantizan la vida e integridad física y síquica y la no discriminación, y la honra y vida privada, entre otros.
Todo un grupo que se conoce en términos legales como denuncias de tutela laboral y que, según el más reciente estudio del Observatorio Judicial, saltaron de 7.643 en 2017 a 18.083 en 2024, lo que representa un alza de 136%.
Si en 2017 una de cada 10 causas ingresadas a un juzgado laboral correspondía a tutela, el año pasado fue uno de cada cinco.
Para llegar a estos números, el Observatorio analizó 14.051 sentencias de tutela laboral dictadas durante 2017-2024, las cuales abarcan 144 tribunales.
Del total de casos denunciados, un 52% corresponde a hombres y un 48% a mujeres. Por tipo de demandados, el 61% son instituciones privadas -sobre todo empresas-, un 34% organismos estatales, y solo un 5% personas naturales.
¿Más empoderamiento?
Al observar los derechos fundamentales más frecuentemente alegados como vulnerados, destacan el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho a no ser discriminado y el derecho a la honra y vida privada.
De hecho, un aspecto clave que arrojó el análisis del investigador del Observatorio Judicial y autor del informe, Juan Francisco Cruz, es que el 86% de las tutelas presentadas durante los años estudiados se vinculó con el despido, lo que equivale a prácticamente nueve de cada 10 casos.
“Un ejemplo de este tipo de tutelas son aquellas interpuestas por funcionarios municipales que alegan haber sido desvinculados únicamente por tener una tendencia política diferente a la del nuevo alcalde electo”, dijo el reporte.
Consultado por las razones del aumento de denuncias en este plano, Cruz reconoció que efectivamente podría ser reflejo de que hoy los trabajadores tienen un mayor conocimiento respecto a sus derechos y las alternativas legales que pueden ejercer. Y agregó que también incidiría el hecho de que el costo de recurrir a los tribunales laborales es “bastante bajo”.
“Actualmente, existe un número importante de abogados que ofrecen sus servicios y solo cobran si obtienen un fallo favorable al trabajador. En el fondo, es una lógica de que ‘no se pierde nada con demandar’”, explicó.