Publicación: El Mercurio
Expertos abordaron los problemas de los tribunales ambientales: el largo proceso de nombramiento de los integrantes (el único que involucra a los tres poderes del Estado), el diseño institucional que puede haber creado algunas de las dificultades, y su impacto en el crecimiento económico por la demora en la tramitación de los proyectos.
Para el ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Alamiro Alfaro, uno de los nudos para el desempeño de esos juzgados es que los conflictos que revisan involucran múltiples intereses, indicó en un seminario de la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC) y el Observatorio Judicial.
“El conflicto ambiental involucra múltiple intereses, que pueden ir desde lo ambiental a lo económico, a que incluso hay problemas entre empresas distintas, que una compite con la otra, que una tiene un interés al respecto. Entonces, los intereses van más allá de lo ambiental, son múltiples, y eso justamente lleva al sistema (judicial) a buscar satisfacer ese interés, que puede ser de diverso tipo”, indicó.
El diagnóstico de Alfaro llega en un contexto en que la dictación de las sentencias de los tribunales ambientales demora más de cinco veces en promedio que el plazo legal de 30 días hábiles —según un estudio del Observatorio Judicial, que menciona las vacancias de jueces como una posible causa— y donde casos como el del proyecto minero-portuario Dominga
han resaltado la recursividad que es posible en el sistema.
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