Publicación: Diario Financiero
Apuesto a que, de niño, usted también jugó a repetir una palabra hasta vaciarla de sentido: pelota, pelota, pelota, pelota… árbol, árbol, árbol, árbol… perro, perro, perro, perro… Al cabo de un rato, se consigue destilar un ruido carente de significado. Ahora usted es un adulto, pero lo invito a que juguemos de nuevo. Repita conmigo: acusación constitucional, acusación constitucional, acusación constitucional, acusación constitucional… ¿Lo escucha?
En principio, la acusación constitucional busca sancionar hechos relevantes, inequívocamente reprochables, capaces de comprometer la integridad del cargo o la legitimidad de las instituciones. La opinión pública debiera contener el aliento cada vez que el Congreso tramita un libelo de este tipo. En vez, solo escuchamos un runrún incesante: …Provoste, Hinzpeter, Beyer, Castillo, Blanco, Santelices, Cubillos, Chadwick, Guevara, Mañalich, Pérez, Figueroa, Piñera, Allamand, Siches, Jackson, Ríos, Ávila, Montes, Tohá, Pardow…
A veces el ruido se interrumpe y, si uno afina el oído, alcanza a distinguir algunas notas. Cuando, a comienzos de este año, el Congreso Nacional aprobó la acusación constitucional contra la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a propósito del bullado “caso audios”, el Poder Legislativo envió un mensaje claro al Poder Judicial: no está bien que un juez de la República vulnere su deber de imparcialidad. Todos estuvimos de acuerdo. La propia Corte Suprema —que poco antes había decidido su remoción— también lo estuvo. Mensaje enviado y recibido.
O quizás no tanto, porque luego la Corte Suprema —bien o mal— decidió no sancionar al ministro Antonio Ulloa y ahora el Congreso tramita una acusación constitucional en su contra. El ruido reemprende su rugido rutinario. El resultado es que, a dos semanas de la elección presidencial y con una acusación constitucional tramitándose en paralelo contra el ex ministro Pardow, parece que a nadie le importa.
Pero detrás del ruido se esconde la erosión de la confianza en la Corte Suprema como órgano de control interno. La acusación constitucional fue anunciada antes de que el pleno resolviera y se tramitó sin que el Congreso conociera siquiera el texto de la decisión. El mensaje fue rotundo: si la Corte no destituía al ministro, el Congreso lo haría. Ese gesto retrata un poder político que ya no cree en la imparcialidad del Poder Judicial y decide reemplazarlo. De hecho, la Corte reaccionó exigiendo respeto recíproco. Y así se retroalimenta el descrédito: el Congreso actúa por desconfianza, la Corte responde con irritación y la ciudadanía refuerza su impresión de que el sistema está corrupto.
Por supuesto, el problema de fondo es el que reconoció el propio ministro Ulloa: “solo hice lo que vi a mi alrededor”. Para enfrentarlo no basta una nueva acusación, sino una reforma estructural al gobierno judicial que elimine los incentivos que obligan a los jueces a tejer apoyos para avanzar en la carrera. Si esa reforma llegará alguna vez, está por verse. Lo que sí parece seguro es que el Congreso seguirá presentando acusaciones constitucionales contra jueces —Jordán, Correa, Carreño, Künsemüller, Dolmestch, Valderrama, Donoso, Vivanco, Muñoz, Matus, Ulloa…— hasta que ya no sepamos de qué estamos hablando.
José Miguel Aldunate, Director de Estudios del Observatorio Judicial.