El desempleo ha pasado a ocupar un lugar preponderante en las preocupaciones ciudadanas. Es inevitable cuando el número de desocupados se acerca al millón de personas, y la tasa de ocupación (Empleo/Población en edad de trabajar) aún no recupera el nivel anterior a la pandemia. No se trata de un fenómeno global vinculado a los cambios tecnológicos. Casi todos los países de la OCDE han aumentado su tasa de ocupación respecto al nivel previo a la pandemia, en promedio en 1,8 puntos porcentuales. Lo mismo ocurre con el desempleo, que ha caído en la mayoría; Chile, en cambio, registra el mayor aumento del grupo. No es solo la comparación con países desarrollados; el nuestro es el único país de Sudamérica donde la tasa de desempleo supera su nivel prepandemia.
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Los mayores costos legales de contratación y despido se ven agravados por la creciente judicialización de las relaciones laborales. El informe de mayo del Observatorio Judicial, que analizó más de 43 mil sentencias dictadas entre 2015 y 2025, encontró que siete de cada diez demandas por despido injustificado son acogidas por los tribunales, y cuando el empleador invoca la causal de necesidades de la empresa, pierde el 83,4% de los juicios. El resultado es que el costo efectivo del despido supera con creces el ya elevado costo legal, en un contexto en que, según la Dirección del Trabajo, los despidos por esta causal crecieron 44% entre 2021 y 2025 y las causas laborales se triplicaron.
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Ver opinión completa en El Mercurio 21 de junio, 2026 (B5).