una de las principales tareas del futuro fiscal nacional será poner orden y gestionar de manera más eficiente los recursos con que cuanta para que, al menos, recupere sus mejores índices de condenas.
Lo problemático es cómo esto evoluciona en el tiempo. En 2009 el 72% de las investigaciones de homicidios terminaron con sentencias condenatorias, y eso, al 2021, cayó al 57%.
Los datos muestran que el número de recursos de protección contra el SEA es bajo, sin embargo, su uso parece estar ligado más a una estrategia procesal que a una real vulneración de derechos fundamentales, lo cual genera un daño en la necesaria certeza jurídica ambiental
La situación es preocupante, porque un aspecto fundamental de la fuerza y solidez de una institución descansa, en parte, en la buena o mala percepción ciudadana sobre su funcionamiento.
Los tribunales carecen de la legitimidad para distribuir derechos sociales, porque priva a la comunidad –mediante sus representantes– de la necesaria deliberación para dialogar y acordar una forma de distribución justa.
La experiencia comparada, sobre todo a nivel latinoamericano, es que los Consejos Judiciales, lejos de fortalecer la independencia judicial, la debilitan, porque concentran el poder y lo convierten en un botín apetecidos para los partidos políticos, los grupos de presiones gremiales o las facciones ideológicas internas o externas al Poder Judicial.
La causa principal de este descenso es la baja expectativa de las personas y empresas afectadas por este delito de obtener un resultado favorable, lo cual se ve corroborado por los magros resultados obtenidos en materia de condenas.
Uno de los aspectos más preocupantes de los resultados obtenidos es el descenso en el número de causas ingresadas por robo y hurto de madera. La causa principal (…) es la baja expectativa de las personas y empresas afectadas por este delito de conseguir un resultado favorable
