Publicado: El Mercurio
Agradezco la respuesta de Carlos Peña a mi carta del lunes. Es imposible polemizar con quien se está fundamentalmente de acuerdo: los jueces deben ser imparciales porque su deber es aplicar no su parecer particular sobre un asunto, sino las reglas que la comunidad ha definido para sí misma. De este modo, la imparcialidad es la principal garantía de que el juez aplica el Derecho y no otra cosa. Con todo, me permito formular una diferencia de criterio para el caso particular. Existe un régimen de alta seguridad que está definido por vía reglamentaria y que permite visitas presenciales y en un locutorio. Ello excluye las videollamadas y los encuentros íntimos. La decisión del juez Daniel Urrutia crea un régimen anómalo que no se aplica a los demás reos, lo cual atenta contra la igualdad de todos los internos frente a las reglas.
Obviamente, un caso judicial puede servir de llamado de atención para que la autoridad competente modifique las reglas, aunque lamentablemente suele utilizarse de mala manera. Este caso invita a hacerse cargo de la inexistencia de una justicia de aplicación de penas —y no, como han pretendido varios parlamentarios, a modificar las reglas del proceso penal—. Si dichas normas han de ser modificadas, deben serlo por las autoridades técnicas y políticas, no por la vía judicial.
José Miguel Aldunate, Director de Estudios del Observatorio Judicial.