Publicado: Diario El Mercurio
Los senadores Matías Walker y Ximena Rincón presentaron un proyecto de reforma constitucional para extender la acusación constitucional a los jueces de instancia, hoy restringida a los tribunales superiores.
Se trata de una mala idea. El sentido fundamental de la independencia judicial es que los jueces puedan resolver sin miedo a ser destituidos por los órganos políticos. Sin esto, el juez fallará buscando agradar a las mayorías, haciendo imposible la imparcialidad y el respeto a la ley. De hecho, todas las acusaciones constitucionales promovidas en el Congreso en los últimos años —contra tres ministros de la Corte Suprema y contra una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso— han abusado de la figura, pretendiendo tutelar el contenido de las decisiones judiciales. Afortunadamente, ninguna ha prosperado.
Lo que el Poder Judicial necesita, en cambio, es una reforma profunda al sistema disciplinario de los jueces —hoy completamente ineficaz— tanto en sus procedimientos, como en la descripción de las conductas y de las faltas. Por supuesto, dicha reforma se inserta en la discusión más amplia del gobierno judicial, correctamente abordada en el segundo proceso constitucional. Los acuerdos alcanzados en dicha instancia son un mejor punto de partida que la propuesta de los senadores, que solo agravaría la situación actual.