Publicación: El Mercurio
Lo polémica decisión del Juzgado de Garantía de Ovalle nos parece un signo de lo que advertimos en nuestro informe Crimen Organizado: una nueva amenaza a la independencia judicial, a saber, que las actuales medidas de protección legislativas pueden ser insuficientes para proteger la integridad e independencia de los jueces en causas de crimen organizado.
Una de las principales características del crimen organizado es el control territorial. Por tanto, en ciudades donde su extensión y población no son grandes, es relativamente sencillo dar con la residencia y rutina de un magistrado. Por tanto, la conciencia que criminales altamente peligrosos dominan su espacio vital, infunde un potente y comprensible temor, que inhibe aplicar el Derecho en todo su rigor.
Es por eso, que debería discutirse una reforma legislativa que, para casos justificados y excepcionales, pueda prorrogarse la competencia a un tribunal ubicado en una región distante. Así, al desanclar al juez que decide del lugar donde la banda criminal posee un férreo control territorial, avanzamos en asegurar las condiciones para aplicar todo el peso de la ley.
Juan Francisco Cruz, investigador de Observatorio Judicial.