Corrupción y sistema de justicia

Acaba de publicarse la versión 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción, año marcado en nuestro país por casos de alta connotación pública: Democracia Viva, los audios de Hermosilla, y las 640 causas penales por corrupción en municipalidades. Por eso, no fue sorpresa que Chile disminuyera su puntaje de 67 a 66 puntos y bajara […]

260 días

¿Qué puede justificar tan inexcusable demora? Lo primero es pensar que el problema está en el actual sistema de nombramientos por ser excesivo: elaboración de una quina por la Corte Suprema, elección de un candidato por el Ejecutivo y por último una ratificación por 2/3 de los senadores

«No hacemos política pública»

¿cómo se explica que el presupuesto de FONASA para el 2024 incluya, por segundo año consecutivo, una línea presupuestaria por $30 millones de dólares con el objeto de financiar dichas sentencias?

Miedo y justicia

Si un juez teme que su decisión significará una grave amenaza a su integridad o la de sus cercanos, difícilmente podrá resolver razonablemente en derecho, salvo que posea un carácter que le permita sobreponerse al temor.

Estado social y jueces

Frente a la propuesta de la Corte Suprema, me parece más razonable un mecanismo de protección indirecto o mediado normativamente, en el cual los derechos sociales y sus prestaciones sean regulados, en su contenido, alcance y procedimientos, en la ley. Así el rol protector de los tribunales consiste en asegurar la efectividad de esas normas.

Cárcel especial mapuche

Por tanto, en principio, la creación de una cárcel especial va en sentido contrario a valores básicos de la democracia: la dignidad, la igualdad y la responsabilidad.

Libertad condicional

¿Cómo es posible que un juez considere apto para la reinserción social a un recluso que afirma no haber cometido un ilícito por el cual fue condenado? Parece que los ministros concedieron el beneficio dando más peso a la percepción de Tracal que a los hechos establecidos en una sentencia condenatoria.

Homicidios

Estas cifras muestran que el problema no radica en los jueces, sino más bien en el aumento de causas con imputados desconocidos, en las cuales el Ministerio Público ha mostrado total incapacidad para investigar y recabar las pruebas necesarias para acusar.