Publicación: El Líbero
En el debate sobre cómo reformar el Poder Judicial encontramos propuestas que oscilan entre la prudencia, el error y el desastre.
Una buena idea es separar las funciones jurisdiccionales de los tribunales de justicia -resolver causas, dictar sentencias y ejecutar lo juzgado- de las tareas no jurisdiccionales, como la disciplina, los nombramientos, la administración y la formación. La actual mezcla de funciones compromete la independencia de los jueces frente a sus superiores jerárquicos, desvía tiempo valioso de los ministros de las cortes y genera resultados subóptimos.
El proyecto de reforma enviado por el gobierno al Congreso representa un avance en esta dirección. Aunque criticable en ciertos aspectos, logra resolver un problema de fondo: propone órganos específicos para tareas como los nombramientos y la disciplina judicial, sin concentrar estas funciones en un único ente todopoderoso, como ocurre en los consejos de la magistratura latinoamericanos, que suelen ser vulnerables a la politización y la cooptación.
Una mala idea, en cambio, es precisamente adoptar un consejo de la magistratura al estilo latinoamericano. Esta propuesta, impulsada por algunos magistrados y respaldada en el pasado por la Convención Constitucional, tiende a politizarse rápidamente y pone en riesgo la independencia judicial.
Pero lo peor es lo que ocurre en México: la elección popular de jueces. Esta reforma busca que los ciudadanos elijan directamente a los jueces, en un proceso que carece de reglas claras y que ha sido rechazado por expertos y gremios legales. El número de jueces a elegir es tan alto que hace imposible que los votantes conozcan a los candidatos, quienes además tienen prohibido hacer campaña.
En lugar de mejorar la independencia judicial, este sistema parece diseñado para debilitarla, entregando al Ejecutivo un poder desmedido. Tras los bloqueos judiciales a varias iniciativas del gobierno de AMLO -por inconstitucionales, ilegales o dañinas para el medio ambiente- esta medida busca eliminar cualquier obstáculo.
Es una idea peligrosa. Para los derechos humanos, implica que los jueces ya no actuarán como contrapeso frente a las decisiones arbitrarias del poder central. En términos de certeza jurídica, abre la puerta a interpretaciones ideológicas de contratos y leyes civiles y comerciales, erosionando la confianza en el sistema. Y en un país como México, donde el crimen organizado tiene altas capacidades para cooptar instituciones mediante corrupción o intimidación, un sistema judicial débil será presa fácil, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia.
Y como toda idea pésima, se extiende: el Presidente Petro en Colombia ya ha mostrado interés en este modelo. En Chile, tanto la izquierda como la derecha parecen comprometidas con la independencia judicial, pero no podemos subestimar la capacidad de importar malas ideas que, a pesar de su fracaso previsible, suelen encontrar eco.
Las reformas al Poder Judicial deben priorizar la separación equilibrada de funciones y rechazar propuestas que comprometan la independencia judicial, pilar esencial de la democracia y garantía contra los abusos de poder.
José Miguel Aldunate, Director de Estudios del Observatorio Judicial.