Publicación: Diario Constitucional
Cuando se crearon los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) en 2009, el legislador optó por un diseño simple: un tribunal por región y cuatro en la Región Metropolitana. El criterio fue territorial: asegurar la presencia de la nueva judicatura especializada en cada región. Diecisiete años después, los datos permiten evaluar esa apuesta.
En el Observatorio Judicial analizamos la operación de los 18 tribunales entre 2013 y 2025, cruzando las estadísticas oficiales de causas, las nóminas de personal, la ley de presupuestos y más de nueve mil sentencias. La conclusión es clara: la orgánica de los TTA no guarda relación con la demanda que deben atender, y ese desajuste tiene costos en el atraso de causas y la equidad en la carga de trabajo.
La falla está en una orgánica que no tomó en cuenta cómo se distribuyen los contribuyentes. Las empresas, que concentran el grueso del litigio, están muy desigualmente repartidas: un juez de Santiago tiene bajo su jurisdicción unas trece veces más empresas que el de Aysén, pero la ley les asignó la misma estructura. El resultado era previsible: seis tribunales (los cuatro de la Región Metropolitana, el de Valparaíso y el de Ñuble y Biobío) reciben cerca del 70% de las causas, mientras que otros seis (Arica, Antofagasta, Atacama, Los Ríos, Aysén y Magallanes) suman apenas el 9%.
Esa asimetría se traslada a la carga de cada juez. En promedio, el 1° TTA de Santiago recibe 198 causas al año y el de Aysén, 10: casi 20 veces más entre magistrados con el mismo cargo y la misma remuneración. En sentencias la brecha es mayor aún, pues el juez del 4° TTA de Santiago dicta 94 al año y los de Atacama y Aysén, apenas 4. Tampoco es que los tribunales pequeños compensen con fallos más extensos: el 1° de Santiago escribe unas 2.400 páginas de sentencia al año y el de Atacama, 119.
La concentración, además, no se corrige sola. El sistema arrastra desde hace más de una década entre 2.300 y 2.600 causas pendientes, y en 2025 los seis tribunales con mayor ingreso acumulaban el 84% de ellas. Mientras unos tribunales tienen capacidad disponible, otros acumulan atraso.
El desajuste tiene también un precio. Los TTA disponen de un presupuesto promedio de $10.475 millones anuales, cerca del 70% destinado a personal. Como cada tribunal cuenta con una planta mínima fija, el gasto no sigue a la demanda: en 2025, seis tribunales tuvieron exactamente el mismo costo en personal, unos $277 millones, aunque recibieron entre 12 y 43 causas cada uno. Así, una causa cuesta en promedio $3,4 millones en Santiago y más de $22 millones en Atacama o Aysén; una sentencia, $6,4 millones en Ñuble y Biobío y $63 millones en Atacama. Los seis tribunales de menor demanda reciben el 9% de las causas, pero absorben el 22% del gasto en personal.
Una precisión es necesaria: nada de esto es un juicio sobre el trabajo de jueces y funcionarios. Un tribunal no elige cuántas causas recibe, y ninguno puede fallar las que no ingresan. Si el juez de Aysén dicta cuatro sentencias al año, es porque recibe diez causas; si los tribunales de Santiago acumulan atraso, es porque su dotación no guarda proporción con su demanda. Las cifras describen una estructura, no el desempeño de quienes la integran: es un problema de diseño.
Por lo mismo, corregirlo no exige, en principio, más recursos. Proponemos reorganizar los tribunales en cinco macrozonas (Norte, Centro Norte, Metropolitana, Centro Sur y Sur Austral), con una lógica similar a la de los Tribunales Ambientales. Se mantendrían los mismos 18 jueces, la misma dotación y el mismo gasto, pero distribuidos según la demanda: nueve en la macrozona Metropolitana, tres en la Centro Sur y dos en cada una de las restantes. Con ello, la diferencia de carga entre jueces caería de casi 20 veces a menos de dos, y las brechas de costo se reducirían drásticamente. El modelo, además, resiste variaciones razonables: entre tres y cinco zonas los resultados se sostienen, y solo al fragmentar el mapa en seis o siete reaparece la desigualdad.
Se trata de una posibilidad entre otras, se puede analizar e introducir modificaciones en el número de zonas, su trazado, las sedes o los mecanismos de subrogación. Pero lo que no admite discusión es mantener una orgánica que, a la luz de los datos, no funciona y mantenerla no es una opción neutra: equivale a seguir asignando jueces y recursos sin mirar dónde están las causas.
Juan Francisco Cruz, Director de estudios del Observatorio Judicial.