Gobierno judicial: una propuesta alternativa
El poder de la Suprema es excesivo. Además de su rol de última instancia en materia jurisdiccional, la CS tiene la última palabra en materia de nombramientos, de calificaciones, de sanciones disciplinarias y de administración económica de los tribunales de justicia.
Indulto: una derrota más profunda
El proyecto de ley de indulto supera las peores caricaturas de la izquierda como defensora de los delincuentes.
Sobre la inmigración, o por qué la judicialización es mala
Todo lo cual demuestra la importancia de contar con buenas leyes y que, cuando el legislador no hace su trabajo, las soluciones jurisprudenciales son un mal parche.
El puño y la balanza
Ni Urrutia ni los 54 convencionales se han enterado de que existe otra idea de justicia que la suya propia, menos asociada a la imagen del puño en alto y más al de la balanza.
El Tribunal y el eterno candidato, una comedia de equivocaciones
Si con sus decisiones (los ministros del TC) debilitan la legitimidad del TC, acabarán colaborando con la eliminación de un órgano fundamental para el Estado de derecho.
La confianza en nuestros jueces
«El proyecto de ley presentado la semana pasada por el gobierno para modificar el sistema de nombramientos es un gran avance»
La tarea del TC
No es tarea del TC, como tampoco de los tribunales de justicia, resolver los problemas de la gente.
El portazo de las cortes
Y así, lo que comenzó como la más altisonante embestida judicial contra las facultades de las policías acabó desinflándose sin remedio.
Caso Frei: la mentira contraproducente
Si ahora la DC monta una pequeña campaña contra los ministros de la Corte de Apelaciones ─por ejemplo, truncando en el Senado la carrera de los jueces del fallo y vetando su acceso a la Corte Suprema─, habrán dañado de un golpe la confianza pública, la independencia del Poder Judicial y la credibilidad de su propio partido.
La justicia de los jacobinos
(el proyecto de ley de indulto a los imputados del estallido social) desconoce la independencia judicial, pues razona como si los jueces y los fiscales fuesen agentes políticos, y que sus resoluciones obedecieran a un plan de “criminalizar la protesta social”.