“¿Qué nos lleva a confiar en nuestros jueces?” preguntaba John Marshall, uno de los primeros y más importantes presidentes de la Corte Suprema de Estados Unidos. Respuesta: “su independencia en el cargo y la manera en que han sido nombrados”.

Lamentablemente, nosotros debemos partir de la pregunta opuesta: ¿por qué los chilenos no confiamos en nuestros jueces? Según la última encuesta CEP, los tribunales de justicia se encuentran entre las instituciones peor evaluadas, superando solamente a la televisión, el Ministerio Público, el Gobierno, el Congreso y los partidos políticos. No es gran cosa.

¿Qué hacer? El juez Marshall nos da una pista: confiar en los jueces equivale a confiar en su imparcialidad. Un juez que cuyo nombramiento y permanencia en el cargo depende de poderes y presiones externas no será independiente de dichos poderes y, por lo tanto, tampoco podrá resolver imparcialmente.

Por ejemplo, el Estado gana alrededor de un 90% de los juicios que entabla con los particulares, según los datos oficiales del Consejo de Defensa del Estado. Quizás, los abogados del CDE son muy buenos o, quizás, los jueces tienen un claro sesgo a favor del fisco. ¿Podemos confiar en la imparcialidad de los jueces? Difícilmente, porque su nombramiento depende de un acto discrecional del Ejecutivo. Entonces, a la vista de semejantes resultados, la sospecha de que los jueces cargan la balanza a favor de quien decide su carrera profesional es inevitable

Ahora bien, los jueces deben enfrentarse a un poder mucho más penetrante que el del Ministerio de Justicia. Al fin y al cabo, el Ejecutivo es externo a la jerarquía judicial y decide casi a ciegas entre los limitados candidatos que se le presentan, sobre los que apenas tiene antecedentes. Quien verdaderamente decide es la Corte Suprema. Ella concentra los sistemas de calificación y de disciplina que determinan las listas de candidatos, que son confeccionados por ella misma o por las cortes de apelaciones.

De aquí que los jueces resientan especialmente el “besamanos”: la práctica de concurrir a audiencias privadas con sus superiores jerárquicos para conseguir que éstos los seleccionen para las nóminas de candidatos. ¡Tan barroco como suena!

Por ello, el proyecto de ley presentado la semana pasada por el gobierno para modificar el sistema de nombramientos es un gran avance. En lo central, elimina el actual sistema de ternas y lo reemplaza por un consejo de nombramientos conformado por representantes políticos y judiciales, que deciden sobre la base de concursos públicos. La reforma debiera aumentar la transparencia del proceso de nombramiento y el mérito de los candidatos seleccionados.

Es cierto que el proyecto abre algunas interrogantes, cómo qué ocurrirá con el sistema disciplinario o si es un paso hacia el establecimiento de un Consejo de la Magistratura, los cuales no han dado buenos resultados en otro países. Buena parte de estas cuestiones se resolverán en la Convención Constituyente. Con todo, el envío de un proyecto de ley de esta naturaleza es un gran primer paso en la tarea de aumentar la confianza en nuestros jueces.