Más de 100 días hábiles por sobre el plazo legal demoran en promedio los tribunales ambientales en dictar una sentencia, según un análisis del Observatorio Judicial. El plazo que establece la ley es de 30 días.
El caso Ulloa no solo vuelve a situar en el centro del debate la crisis de legitimidad del Poder Judicial y la urgencia de su reforma. También ha generado un nuevo episodio de tensión entre los poderes Legislativo y Judicial, al mismo tiempo que obliga a precisar los alcances y zonas grises de la acusación constitucional por notable abandono de deberes como instrumento de control político frente a autoridades judiciales.
Estudio del Observatorio Judicial da cuenta de que el recurso de protección se ha convertido en una herramienta clave en litigios sobre la cobertura de tratamientos, el financiamiento de medicamentos y la impugnación de licencias médicas.
Estudio de Observatorio Judicial arrojó que entre 2017 y 2024, el 86% de las tutelas presentadas correspondió a casos vinculados con el despido esto es prácticamente 9 de cada 10 casos
Lejos de fortalecer la legitimidad de los jueces, el proceso expuso una crisis de confianza y una fragilidad institucional que venía siendo advertida desde mucho antes.
El hallazgo más llamativo es la “inestabilidad”, consigna el texto, con un bajo porcentaje de veces —solo 11% en
el período analizado— en que las salas funcionaron exclusivamente con sus cinco ministros titulares.
El fallo reafirma que nuestras instituciones pueden actuar con seriedad cuando más se necesita. Deja en claro que el poder político no está por encima de las reglas y que la confianza pública se construye justamente cuando esas reglas se aplican de forma imparcial. También recuerda que la probidad no es un ideal abstracto, sino una exigencia concreta para quienes ocupan cargos públicos.
